Alternativas contratacion personas con Discapacidad

¿Qué otras alternativas tengo a la contratación de personas con dicapacidad?

Establecer un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo con una persona autónoma con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa. - Llevar a cabo un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con una persona autónoma con discapacidad para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. OTRA LEGISLACIÓN DE REFERENCIA Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto. Define el incumplimiento de la obligación de reserva del 2% regido por la LISMI o de la aplicación de las medidas alternativas como infracción grave. Ley 8/1988. El cumplimiento o incumplimiento de la ley de integración Social de Minusválidos (LISMI) puede limitar o posicionar mejor o peor a la empresa a la hora de contratar con la administración o a la hora de solicitar determinadas ayudas de fomento al empleo. Realizar donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario, a una Asociación o Fundación de utilidad pública cuyo objetivo social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de las personas con discapacidad. Constituir un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un Centro Especial de Empleo. Los pasos a seguir son: Las empresas interesadas en beneficiarse de alguna de las medidas alternativas deben solicitar a los servicios de empleo público competentes la declaración de excepcionalidad. Es la Dirección General de Empleo con competencia o la agencia de colocación, la que concede el certificado de excepcionalidad. La ejecución de cualquiera de las Medidas Alternativas deberá realizarse durante el período de validez del certificado de Excepcionalidad y anualmente deberá destinarse a dicho fin, como mínimo, la cantidad económica anual estipulada en la normativa que lo regula (Real Decreto 364/2005).